La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros cumple cada año con la obligación de presentar su informe de gestión, considerando que además de ser un mandato constitucional es un derecho ciudadano. Se trata de un proceso que compromete a todos los funcionarios y autoridades en el ejercicio de someterse a la evaluación de la ciudadanía por las acciones realizadas o por las omisiones en las que pudieron haber incurrido en el transcurso de su gestión y en la administración de los recursos públicos.
La Superintendencia es de aquellas instituciones autónomas que genera abundante actividad e información de manera permanente, no solamente por ser una entidad reguladora y de control de varios sectores de vital importancia para el país (societario, mercado de valores y seguros), sino también porque se innova permanentemente, cumple rigurosamente con sus objetivos institucionales, y asume el servicio público de manera responsable; elementos que garantizan a la sociedad un desenvolvimiento transparente, eficiente y confiable.
Para someterse a este escrutinio público, la institución promueve esa relación de doble vía entre la obligación de rendir cuentas y el derecho ciudadano de acceder a la información. A fin de favorecer esa correspondencia, y aprovechando al máximo los recursos tecnológicos, la Superintendencia activa cada año la convocatoria a usuarios y ciudadanos a participar en el acto de Rendición de Cuentas con la entrega de preguntas, antes o durante la presentación del informe. Al finalizarlo, es entregado también a través de canales virtuales para que llegue a más personas. El nuevo recurso permite conocer de inmediato si la gestión cumple con los requerimientos, necesidades y expectativas de los mandantes, a quienes las instituciones se deben.
La Rendición de Cuentas permite mejorar la gestión de lo público, mostrar los avances, las dificultades y los resultados. No sólo debe ser vista como un recuento de las actividades y del presupuesto ejecutado por las autoridades, sino como la oportunidad para reforzar la confianza de quienes utilizan los servicios públicos.
