La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros cumple
cada año con la obligación de presentar su informe de
gestión, considerando que además de ser un mandato
constitucional es un derecho ciudadano. Se trata de un
proceso que compromete a todos los funcionarios y
autoridades en el ejercicio de someterse a la evaluación de
la ciudadanía por las acciones realizadas o por las
omisiones en las que pudieron haber incurrido en el
transcurso de su gestión y en la administración de los
recursos públicos.
La Superintendencia es de aquellas instituciones autónomas
que genera abundante actividad e información de manera
permanente, no solamente por ser una entidad reguladora y de
control de varios sectores de vital importancia para el país
(societario, mercado de valores y seguros), sino también
porque se innova permanentemente, cumple rigurosamente con
sus objetivos institucionales, y asume el servicio público
de manera responsable; elementos que garantizan a la
sociedad un desenvolvimiento transparente, eficiente y
confiable.
Para someterse a este escrutinio público, la institución
promueve esa relación de doble vía entre la obligación de
rendir cuentas y el derecho ciudadano de acceder a la
información. A fin de favorecer esa correspondencia, y
aprovechando al máximo los recursos tecnológicos, la
Superintendencia activa cada año la convocatoria a usuarios
y ciudadanos a participar en el acto de Rendición de Cuentas
con la entrega de preguntas, antes o durante la presentación
del informe. Al finalizarlo, es entregado también a través
de canales virtuales para que llegue a más personas. El
nuevo recurso permite conocer de inmediato si la gestión
cumple con los requerimientos, necesidades y expectativas de
los mandantes, a quienes las instituciones se deben.
La Rendición de Cuentas permite mejorar la gestión de lo
público, mostrar los avances, las dificultades y los
resultados. No sólo debe ser vista como un recuento de las
actividades y del presupuesto ejecutado por las autoridades,
sino como la oportunidad para reforzar la confianza de
quienes utilizan los servicios públicos.
